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Representación legislativa, multipartidismo y carrera parlamentaria

Publicado en Análisis Político, Opinión, Principal


RODRIGO GUTIÉRREZ SCHWANHÄUSER
Diputado de la República período 1994-1998


La 35° encuesta de opinión pública de la empresa Borge y Asociados para Poder (junio-julio 2011/edición 32) revela números elocuentes: i) el 85,7% de las personas entrevistadas estiman que es mejor elegir a los diputados escogiéndolos por nombre y no votando por toda la lista electoral del partido; ii) el 60% de las personas están de acuerdo con la reelección de diputados, es decir, con la carrera parlamentaria; y iii) el 76,8% de los costarricenses entrevistados afirman que el país no está preparado para tener un sistema parlamentario, como se plantea en muchos círculos, sobre todo intelectuales.

Esta encuesta coincide esencialmente con afirmaciones nuestras hechas en una colaboración anterior para Poder (abril-mayo 2011/edición 31: 24, 25): “La cenicienta del sistema son los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. En este sentido, aquí la democracia sí es disfuncional (…) los partidos políticos no están institucionalizados, no existe democracia interna libre de neo caudillismos ni prevalecen elementos programáticos e ideológicos, (…) no existe carrera parlamentaria que reconozca la madurez, la experiencia y el profesionalismo de la función legislativa (…) ni se completan los procesos de institucionalización e idoneidad de la asesoría técnica (…) que reciben los parlamentarios”.

Ciudadanía madura. Al contrario del liderazgo confuso que refleja la mayoría de los políticos actuales y a pesar del multipartidismo que prevalece hoy -favorecido por el abstencionismo en los últimos tres procesos electorales, fenómenos provocados por el neo caudillismo y el personalismo existente en todos los partidos políticos, hoy auténticas maquinarias electorales y financieras- la encuesta de Borge y Asociados revela que aproximadamente el 75% de los costarricenses entrevistados tienen muy claro qué debe hacerse para que Costa Rica avance: introducir la carrera parlamentaria, mejorar los mecanismos de elección ciudadana para incidir en la calidad y representación de las personas que acceden a las sillas parlamentarias, y, antes de transformar el régimen presidencialista por uno parlamentario, fortalecer la institucionalidad y la democracia interna de los partidos políticos; casualmente, en nuestro país constantemente se olvida que los partidos políticos son la base de la democracia y representación del soberano popular.

Otro fenómeno que se deriva de esta encuesta: refleja que -en promedio- los costarricenses tienen niveles políticos y culturales adecuados que favorecen la comprensión y manejo de la cosa política y de la cosa pública, gracias a los altos estándares educativos, técnicos y de consumo alcanzado en la última década por la sociedad costarricense, así como el acceso que los costarricenses tienen a las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) -propias de una sociedad del conocimiento- uno de los más altos de América Latina. Lo anterior, a pesar de la ausencia casi total de debate político en los medios de comunicación masiva del país, contrario  a lo que sucede en las democracias europeas y del Cono Sur. En nuestro país, son contados los directores de medios en capacidad de propiciar estos debates; lo que predomina es un periodismo corrongo y superficial. Los costarricenses -inteligentemente- acceden cada vez más a otras fuentes para explicarse su entorno de vida.

Democracia antigua y estable. Para tirios y troyanos, existe pleno consenso en los antecedentes que explican ese fenómeno que revela la encuesta indicada: la madurez y la larga estabilidad política, así como la calidad institucional de la democracia costarricense, pilares fundamentales que han garantizado el desarrollo social y económico del país -basado en una economía abierta orientada hacia el exterior- y de amplia clase media, con niveles bajos de exclusión  social en relación al resto de países de la región. El título de ser catalogada como una de las democracias más antiguas y estables de América Latina no es gratuito. Antes que muchos países, Costa Rica estableció la mayoría de las instituciones y libertades asociadas comúnmente con un régimen democrático avanzado a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1949, conjuntamente con la introducción del sufragio a favor de la mujer en la década de 1950. (Gutiérrez Saxe, Miguel y otro, Democracia Estable ¿alcanza? Análisis de la gobernabilidad en Costa Rica. 2007:7-14).

Reforma electoral. Como corolario a la encuesta en comentario, debemos agregar que el país aprobó en el 2009 la segunda reforma electoral más importante en los últimos 14 años introduciendo mejoras sustanciales a aquella realizada en 1996: paridad de género, régimen económico de los partidos políticos, creación del Consejo de Partidos Políticos, tutela de los derechos electorales de ciudadanos y miembros de los partidos políticos, mecanismos e instrumentos de amparo y justicia electoral, mecanismos e instrumentos para la participación y formación de una ciudadanía activa (Instituto de Formación y Estudios en Democracia), mejores funciones y atribuciones de administración electoral de los distintos procesos electorales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), voto en el extranjero, mejora la integración de las juntas receptoras de votos, mejora la custodia de la documentación electoral, ilícitos electorales (delitos y faltas), etc. (Código Electoral Ley N° 8765 publicada en el diario oficial La Gaceta N° 171 de miércoles 2 de setiembre del 2009 Alcance N° 37).

Carrera parlamentaria. Está claro que –de unos años para acá- la ciudadanía, la opinión pública y la sociedad civil organizada se quejan con razón de los disparates y ocurrencias del quehacer legislativo, así como de sus protagonistas. Desde leyes ayunas de sentido común, de técnica idónea, de razonabilidad y proporcionalidad pasando por legisladores corruptos que abusan del instituto de la inmunidad parlamentaria hasta señorías timoratas o hipócritas, incapaces de defender el interés nacional conforme lo exige el artículo 106 constitucional. Basta decir que los ejemplos sobran, son bien conocidos por la mayoría, y, para los entendidos, la actuación legislativa cada vez es más patética.

El instituto de la carrera parlamentaria no es ajeno a la institucionalidad democrática costarricense. El artículo 67 de la Constitución de 1871 (anterior a la promulgada en 1949) contemplaba la reelección indefinida mezclada con elecciones de medio período como un mecanismo de control político de la ciudadanía respecto de la gestión pública del gobierno de turno. Recientemente, por interpretación del TSE, las elecciones de medio período se integraron al ordenamiento electoral, programadas para el año 2016 para elegir alcaldes y regidores. Literalmente, el referido artículo 67 supra dice así:

“Artículo 67.- Los Diputados durarán en sus destinos cuatro años, debiendo ser renovados cada dos años por mitades, y pudiendo ser reelectos indefinidamente. La suerte designará en el primer período de la renovación, los individuos que deben dejar sus asientos.”

La mayoría de la doctrina coincide que el instituto de la carrera parlamentaria favorece los parámetros de calidad política, y de eficacia legislativa, desarrollando el ejercicio inteligente del voto. Asimismo, genera efectos positivos en la eficiencia sistémica de la democracia, en la calidad de los candidatos que aspiran a los escaños legislativos, y mejora la participación cívica y ejercicio del sufragio por parte del elector, ya que el ciudadano tomará cada vez más en cuenta los atestados, la personalidad e imagen del candidato(a) a diputado(a) informándose más acerca de su trayectoria, y obligando a los partidos políticos a incluir elementos de profesionalización, conocimientos, experiencia, madurez y honorabilidad; todo lo cual, genera dinámicas positivas, proactivas, y propositivas tanto en la democracia interna de las agrupaciones políticas como en la gobernabilidad democrática del sistema político, en general (Alcántara Sáez, Manuel, Políticos y política en América Latina. Martínez Rosón, María del Mar, La carrera parlamentaria: ¿La calidad importa? 2006:91-94).

Institucionalizar al diputado nacional. En Costa Rica es ya costumbre de los partidos políticos reservar los cinco primeros lugares por la provincia de San José al candidato presidencial como un mecanismo que coadyuve a mejorar la calidad del representante legislativo frente a aquel que resulte electo mecánicamente de los procesos de elección territorial. De esta manera, el candidato presidencial se preocupa por elegir personas de experiencia, madurez e honorabilidad que con sus atestados contribuyan a la calidad de la función legislativa. La experiencia ha dado buenos frutos, por lo general.

Propuestas. Por ahora, conforme a valores, principios y parámetros jurisprudenciales de justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad, característicos del sistema electoral costarricense, los resultados de la encuesta de Borges y Asociados confirman que existe un ambiente adecuado para acometer la reforma a los artículos 106 y 107 constitucionales.

Está claro que nuestro sistema político podría beneficiarse sustancialmente en sus competencias sistémicas y funcionales introduciendo para ello la carrera parlamentaria a fin de garantizar la calidad e idoneidad de la función legislativa; asimismo, consolidar las elecciones de medio período ya institucionalizadas por el TSE; desbloquear las listas electorales de los partidos políticos a fin que el ciudadano escoja y acomode en los distintos puestos según votación recibida por cada una de las candidaturas (lista cerrada no bloqueada); aumentar el número de diputados en un tercio del número total actual (en total setenta y ocho), haciendo distinción entre diputados nacionales (tres por provincia para un total de veintiuno electos en el mismo proceso electoral de presidenciales), y diputados territoriales, electos a medio período conjuntamente con los alcaldes y regidores (sin tocar en ambos casos el actual esquema de fórmula electoral proporcional Hare modificada); creación de distritos electorales mejorando elementos de representatividad geográficos y demográficos; y, por último, una mejor regulación de los partidos políticos que garantice la vigencia y validez de los valores, principios y normas de democracia interna, de pluralismo, de respeto a la representación de las minorías internas en los distintos cargos partidarios y de representación a cargos públicos, de justicia electoral interna, de transparencia y rendición de cuentas, propiciando así liderazgos meritorios y desterrando neo caudillismos y personalismos de los partidos políticos costarricenses.

Definitivamente, acometer estas reformas políticas y electorales catapultaría a Costa Rica  rápida y eficazmente hacia un país desarrollado.


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